Mijas exige a la Junta que deje de mirar hacia otro lado en el desastre medioambiental del vertedero de Entrerríos y apremie a FCC a acometer el sellado
En diciembre se cumplirán dos años desde que el Ayuntamiento hiciera el requerimiento formal para que el órgano autonómico ejecutara a la empresa explotadora el aval por su inacción
El Consistorio ya ha contestado a la demanda interpuesta por la multinacional y estima que podrá reclamarle unos quince millones de euros entre daños económicos y medioambientales
Mijas, 5 de noviembre de 2014.- El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas no está dispuesto a que el escándalo y el desastre medioambiental de la clausurada planta de tratamiento y vertedero de Entrerríos, generados por la multinacional que la explotó (FCC) y los anteriores responsables políticos municipales del PSOE, caigan en el olvido. Es lo que ha venido a decir hoy el coordinador de Residuos del Consistorio, José María Moreno, quien ha denunciado que la Junta de Andalucía lleva casi dos años sin contestar al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento para que ejecute el aval de cerca de 500.000 euros que la multinacional depositó en 2008 para garantizar el cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Por ello, reclamó a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente andaluza que tomen cartas en el asunto y se pronuncie sobre este despropósito medioambiental para defender los intereses de los mijeños.
«El actual equipo de Gobierno liderado por Ángel Nozal decidió el cese de la actividad del vertedero, poco después de llegar al poder en el año 2011, a tenor de las irregularidades que ya entonces sospechábamos que se estaban dando allí. Sin embargo, FCC abandonó el lugar sin cumplir con las obligaciones de vigilancia y sellado del vertedero que le exigía la AAI como titular del recinto. Desde entonces, se lo hemos requerido varias veces a la propia empresa sin ningún éxito. Por eso, decidimos apelar a la Junta, como administración responsable y competente en este asunto, pero no se ha pronunciado aún al respecto», explicó Moreno.
En dicho requerimiento, con fecha del 4 de diciembre de 2012, se apremiaba al organismo andaluz a que ejecutara los 489.545,32 euros que FCC depositó como aval para hacerse con la AAI de la planta mijeña. Esta autorización, como insistió el responsable municipal de Residuos, «obliga a la empresa explotadora a vigilar y acometer las obras de sellado del vertedero para la recuperación ambiental del entorno», aunque la Junta «no dice nada sobre este asunto, pese a que es uno de los mayores escándalos medioambientales que se han producido en Andalucía».
Por ello, José María Moreno anunció que el Ayuntamiento va a iniciar los procedimientos legales oportunos a fin de que la administración regional mueva ficha en este asunto, «ya que está obligada a intervenir en base a la AAI», como añadió.
Por otra parte, el coordinador de Residuos mijeño recordó que en estos momentos hay un procedimiento judicial abierto sobre este asunto por parte de FCC por el que niega que sea la propia empresa la que tenga que hacer frente al coste y las labores de sellado y recuperación ambiental en los lugares ocupados por el vertedero. «Algo paradójico», según Moreno, ya que para poder optar a tener la AAI la multinacional presentó, en el año 2008, un proyecto de sellado del vertedero de Entrerríos valorado en 2,9 millones de euros.
«Pero el Gabinete Jurídico de este Ayuntamiento ya ha contestado a esta demanda y creemos tener todas las razones legales para argumentar que el sellado y la recuperación ambiental de la zona corresponde a FCC, y no al Consistorio, como han llegado a decir en la demanda», aseguró José María Moreno.
En este procedimiento judicial, que durará al menos un año en su primera instancia, como señaló el coordinador, también se reclamará a FCC el dinero «injustamente cobrado al Ayuntamiento durante los quince años en que explotó la planta», y que a falta de cerrar la liquidación de la gestión de esta infraestructura, podría estar entre los siete y los diez millones de euros.
Igualmente, el Consistorio también exigirá a FCC que pague los trabajos de vigilancia y mantenimiento de la zona que el ente local se ha visto obligado a afrontar tras el cese de la actividad, que se acercan, hasta el momento, a los 500.000 euros, según José María Moreno, y que, además, también se haga cargo del coste de las obras de sellado, vigilancia y recuperación natural del entorno durante los próximos años.
«Estamos hablando de que el Ayuntamiento le piensa reclamar, en total, unos quince millones de euros para restituir hasta el último céntimo del daño económico y medioambiental que han causado al municipio de Mijas. Vamos a hacer todo lo posible para defender los intereses de Mijas y de los mijeños», concluyó Moreno.