El PP de Mijas saca adelante sus dos importantes propuestas de calado social

La Corporación se allana al dictamen del Consejo Consultivo que determina que las ayudas sociales municipales se han de conceder por medio de prestaciones y no subvenciones

También se ha dado por buena la propuesta de los populares para revisar la tasa municipal para la regularización de viviendas situadas en suelo no urbanizable

Mijas, 29 de noviembre de 2018. El Pleno Municipal ha apoyado las dos propuestas que ha presentado en la sesión de hoy. Adoptar el criterio del Consejo Consultivo en cuanto a las ayudas sociales, y, por otro lado, la revisión de la tasa municipal para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable.

Históricamente, el Ayuntamiento ha dado las ayudas sociales mediante el modelo de prestación. Se trata de una figura administrativa mucho más ágil y directa que el modelo de subvención, que es al que el Consistorio cambió cuando Juan Carlos Maldonado ocupó el sillón de la Alcaldía. Este cambio ha ocasionado multitud de molestias a los vecinos en forma de retrasos abultados.

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía al que los populares han tenido acceso ha determinado que lo correcto es retomar el sistema de concesión por prestación.

Por lo tanto, como sostuvo la edil Lourdes Burgos, “ya no hay razones para seguir un día más” como el modelo de subvenciones “que tantos problemas está dando”. No en vano, desde que Maldonado y Carmona gobiernan los Servicios Sociales, el Consistorio mijeño tarda meses, cuando no más de un año, en tramitar y abonar las cuantías de los distintos programas sociales a los vecinos que más lo necesitan.

Asimismo, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Mijas ha presentado una moción para solicitar al Pleno la revisión y adecuación a la realidad presente de la tasa de regularización de viviendas erigidas en suelo no urbanizable con idea de reducir los obstáculos para muchos afectados por esta situación.

La actual normativa municipal para este acto administrativo establece que, además de repercutir el coste administrativo, el afectado debe repercutir el coste de la valoración -a día de la solicitud- de la construcción que pretende regularizar más un 5%. Además, en el caso de que las leyes superiores no permitan la regularización, obliga al afectado a abonar igualmente el coste de este proceso.

En este sentido, la propuesta de los populares mijeños plantea que se revise el coste administrativo de la tasa y se ajuste y ciña lo más posible al procedimiento administrativo actual que conlleva este acto; que se tome como referencia la valoración del inmueble que se pretende regularizar a fecha de la terminación de la obra, y no el actual; y, por último, que en el supuesto de que la regularización sea inviable, que se permita fraccionar o devolver parte del pago realizado por el afectado para impulsar la regularización de su propiedad.