El PP de Mijas propone que el Ayuntamiento de Mijas exima ya del pago de la plusvalía a las transmisiones forzosas, tal y como ha propuesto el Gobierno de Rajoy a partir de Enero de 2015.

Bravo: ‘Es injusto que una familia pague impuesto de plusvalía
después de perder su vivienda habitual’

Una subvención del 100% del importe parece ser la mejor fórmula
legal para solucionar este problema

Mijas, 3 de julo de 2014.- El miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Mijas, Mario Bravo, ha propuesto hoy que el Ayuntamiento de Mijas haga ya realidad lo que el gobierno de Rajoy ha propuesto mediante la modificación de la Ley del Impuesto sobre la renta.

“Aunque la mayoría de las ejecuciones hipotecarias son de viviendas sin terminar o sin vender por parte de promotores, un solo caso que exista en Mijas debe merecer nuestra atención”, ha destacado el dirigente popular, que también ha agradecido al gobierno de Rajoy el interés mostrado en este asunto, y la próxima modificación de la ley de Haciendas Locales.
Se trata de las plusvalías forzosas, es decir, aquellas que se devengan cuando el titular de un inmueble lo cede al banco en dación de pago (para cancelar el préstamo hipotecario), o bien cuando el banco ejecuta la hipoteca y se la adjudica. Con esta medida, se pretende evitar que aquellos que han perdido el bien material más importante (la vivienda habitual), se vean además castigados por la hacienda local, que de forma obligatoria debe liquidar la “plusvalía” que es como se conoce al Impuesto sobre el Incremento en el Valor de los Terrenos, y que se genera de forma automática en función del tiempo transcurrido y del valor catastral.
Este impuesto “no tiene razón de ser en estos casos, pues la plusvalía no existe”, ya que habitualmente el propietario pierde al menos el importe que desembolsó para la adquisición de la vivienda, es decir, la parte no financiada con el préstamo hipotecario, además de todos los gastos.
Esta medida se limitará a las viviendas habituales, excluyendo por tanto a los no residentes, pues en estos casos, es el banco adjudicatario el que debe pagar la plusvalía.