Desde que el gobierno socialista decidió congelar la aportación anual a Mijas hace cinco años y, desde entonces, ingresa un 20% menos cada año por este concepto
Los populares reclaman al ejecutivo socialista, que está apoyado por C’s, que devuelva a los mijeños el dinero que les pertenece para destinarlos a proyectos para el municipio
Mijas, 19 de enero de 2018. El gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que cuenta con el sostén generoso de Ciudadanos, no hace más que castigar a los mijeños. No en vano, desde que el ejecutivo que ahora dirige Susana Díaz (PSOE) decidió congelar la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en el año 2012, Mijas ha dejado de percibir nueve millones de euros que podrían dedicarse a inversiones para el beneficio común de todos sus vecinos o el funcionamiento de la administración y los servicios que presta.
La Patrica es la aportación económica anual que por ley concede la Junta de Andalucía a los municipios de toda Andalucía. En la actualidad, dicha aportación ronda los 3,7 millones de euros, muy por debajo de lo que le correspondía en base a las actualizaciones que establece la propia legislación autonómica. Esto significa un recorte del 20% menos cada año.
Los populares consideran que este castigo, en forma de recorte, del gobierno socialista en la Junta ha supuesto una clara merma a las posibilidades de crecimiento del municipio durante estos cinco años. Los casi diez millones de euros que los mijeños han dejado de ingresar en su Ayuntamiento han impedido ofrecer más y mejores servicios o realizar menos actuaciones para mejorar la calidad de vida de los mijeños.
Lejos de disculparse con los mijeños, el PSOE saca pecho, inexplicablemente, de la perjudicial gestión socialista en la administración regional. Pero la realidad es que Díaz y su gobierno han recortado más de nueve millones de euros a los vecinos de Mijas y, para colmo, incumplen su propia ley.
Por eso, los populares mijeños exigen al gobierno socialista de la Junta y a sus socios de Ciudadanos que devuelvan el dinero que le han negado a los vecinos del municipio durante los últimos cinco años.