El Ayuntamiento de Mijas incluye las casas de La Roza en el proceso de regularización de viviendas en el campo

2da29cc3748e560956b6c1675deed589_LLa Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado hoy un nuevo paso en el proceso de regularización de viviendas en el suelo no urbanizable (SNU) al aprobar el documento de los objetivos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, a fin de dar validez legal, jurídica y urbanística a la legalización de las casas en los diseminados Entrerríos, Osunillas, La Atalaya, Majadilla del Muerto, Valtocado, El Hornillo-La Alquería, a los que se sumarán también las viviendas de La Roza.Con la inclusión de La Roza en el proceso de regularización se da respuesta a una antigua reivindicación de los propietarios de las casas, salvándose legalmente el escollo de su situación urbanística. La Roza, a efectos del PGOU vigente, se asienta en un suelo calificado como urbanizable no sectorizado – “aunque la Roza es campo”, explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro – lo que había impedido en primera instancia su inclusión en el proceso de regularización, cuando se procedió a la delimitación de asentamientos urbanísticos y hábitats rurales en el campo.El documento aprobado hoy por la Junta Local de Gobierno desclasifica La Roza como suelo urbanizable no sectorizado, lo que permitirá la legalización de sus viviendas en la prevista revisión del Plan General, que culminará el la regularización de las edificaciones de los diseminados, incluyendo las aproximadamente doscientas de La Roza.“Hemos dado un paso de gigantes”, aseguró hoy el concejal de Urbanismo, puesto que “lo que hemos aprobado hoy son los objetivos y la base de lo que será la modificación del PGOU” a fin de “darle validez lagal, jurídica y urbanística a todo el proceso de regularización”.En este sentido, Navarro explicó que la regularización de viviendas “ya no tiene vuelta atrás, porque estamos en un camino de una sola dirección” y señaló que “el paso que hemos dado ha sido totalmente consensuado y se sitúa en el marco legal de la Junta de Andalucía”, lo que a su juicio “garantiza todo el proceso para que llegue a buen fin”.

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