Mijas reclama a una promotora inmobiliaria 27.650 metros de suelo público invadidos por una zona verde mediante un plan parcial

Posted on 12 diciembre, 2013 Under Noticias

eed1a214d7725c6cf05e241f491d8e9f_LEl equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha reclamado  a una promotora inmobiliaria, concretamente el Grupo Aja, 27.650 metros cuadrados de suelo público en la Cala de Mijas, ocupados por una zona verde un plan parcial de un sistema general de 200.000 metros cuadrados, donde se construyeron numerosas viviendas.La ocupación de esos 27.650 metros cuadrados de suelo público –“suponemos que por error”, señaló el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro- fue advertida y comunicada por técnicos municipales en mayo de 2007 a la promotora, que presentó meses más tarde alegaciones en las que, según el edil “decían que nos teníamos que aguantar”.Sin embargo, desde mediados de 2007 “el expediente ha estado guardado en los cajones”, saliendo a la luz durante el proceso de redacción del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas, aprobado en el último pleno municipal.“Es un terreno público”, dijo Manuel Navarro, del que se ha “privado a los ciudadanos mijeños de su derecho de disfrutarlo” y en el que el equipo de gobierno podría haber desarrollado acciones para posibilitar la ubicación de zonas deportivas o de suelo sanitario.Ante esta situación, el concejal de Urbanismo pidió a los anteriores gobernantes del PSOE de Mijas que “expliquen por qué no siguieron el trámite” para exigir a la promotora inmobiliaria la “corrección del supuesto error” a pesar de que “estaban los informes sobre la mesa”, lo que a su juicio hubiese impedido “la pérdida de suelo público a favor de una empresa”.En este sentido, Manuel Navarro recordó que la actual portavoz socialista, Fuensanta Lima, “en 2007 era concejala de este Ayuntamiento” porque “da la impresión que el PSOE nunca gobernó en Mijas”.El equipo de gobierno ha puesto en manos de la Asesoría Jurídica la reclamación de esos 27.650 metros cuadrados y no descarta llegar a los tribunales, con el objetivo de que “nos devuelvan o nos compensen” dichos terrenos, porque “las responsabilidades sobre sistemas generales nunca prescriben si hay delito”, aunque especificó que “nunca reclamaremos a los vecinos y propietarios de las viviendas”.

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