Mijas: El Ayuntamiento insiste a la Junta para que declare como residencial la parcela de Las Lagunas donde el Consistorio de Fuengirola tiene una nave de limpieza

5db1b66483e6cbd3e30a809eadb74f8c_LEl concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, ha anunciado hoy que el Consistorio ha planteado un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir a la Junta de Andalucía que rectifique la orden denegatoria de la modificación de elementos de la parcela industrial de calle Virgen de Montserrat, planteada por la corporación municipal mijeña en 2012.Se trata del terreno ubicado en Las Lagunas de Mijas, que es propiedad del Ayuntamiento de Fuengirola, y donde esta institución tiene, desde hace años, una nave para sus servicios de limpieza. Sin embargo, actualmente y tras el desarrollo urbanístico que fue experimentando la zona, esta parcela industrial se ha rodeado de viviendas, cuyos vecinos han expresado reiteradamente sus quejas por los ruidos y malos olores, que se derivan de la actividad de esta instalación.Por ello, los gobiernos de ambos entes locales acordaron, a principios del año 2012, solicitar a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas para cambiar el uso industrial de dicho suelo, a residencial. Un planteamiento, que quedó plasmado con la aprobación inicial de este proceso, por parte de la corporación municipal de Mijas, en la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2012.Sin embargo, el órgano autonómico, que es la administración competente evaluar este tipo de procedimientos, denegó esta solicitud consensuada en base a “una serie de artículos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que tienen que ver con el incremento de la edificabilidad en 32 viviendas”, como apuntó el edil.Ante esta decisión, que el propio Navarro calificó de “tan alejada de la realidad”, el pasado 17 de febrero planteó el referido recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con el objetivo de que el ente regional revise y se replantee la orden denegatoria.“Estamos ante un problema histórico. El Ayuntamiento de Fuengirola viene ejerciendo esta actividad en esta parcela, de forma totalmente legal. Pero los vecinos de las viviendas colindantes, que se han construido de forma posterior, se quejan habitualmente de los ruidos y los olores. La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a la petición del Ayuntamiento, y que está consensuada con el Consistorio vecino, y ha aplicado el mismo rasero para todos los casos, sin entrar en los detalles que tiene que ver con esta solicitud concreta. Desde el equipo de Gobierno entendemos que no se puede seguir una tabla rasa en todos los casos, ya que la modificación de elementos que planteábamos solucionaba este asunto”, manifestó.

Además, el titular municipal de Urbanismo mijeño apeló a la sensibilidad de los responsables de la Delegación de Ordenación del Territorio y les sugirió que “se acerquen a la ciudadanía, que vean por las personas que viven allí y comprueben si realmente es compatible esa actividad industrial, que es legal, con la residencial”.

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El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, ha anunciado hoy que el Consistorio ha planteado un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir a la Junta de Andalucía que rectifique la orden denegatoria de la modificación de elementos de la parcela industrial de calle Virgen de Montserrat, planteada por la corporación municipal mijeña en 2012.

Se trata del terreno ubicado en Las Lagunas de Mijas, que es propiedad del Ayuntamiento de Fuengirola, y donde esta institución tiene, desde hace años, una nave para sus servicios de limpieza. Sin embargo, actualmente y tras el desarrollo urbanístico que fue experimentando la zona, esta parcela industrial se ha rodeado de viviendas, cuyos vecinos han expresado reiteradamente sus quejas por los ruidos y malos olores, que se derivan de la actividad de esta instalación.

Por ello, los gobiernos de ambos entes locales acordaron, a principios del año 2012, solicitar a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas para cambiar el uso industrial de dicho suelo, a residencial. Un planteamiento, que quedó plasmado con la aprobación inicial de este proceso, por parte de la corporación municipal de Mijas, en la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2012.

Sin embargo, el órgano autonómico, que es la administración competente evaluar este tipo de procedimientos, denegó esta solicitud consensuada en base a “una serie de artículos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que tienen que ver con el incremento de la edificabilidad en 32 viviendas”, como apuntó el edil.

Ante esta decisión, que el propio Navarro calificó de “tan alejada de la realidad”, el pasado 17 de febrero planteó el referido recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con el objetivo de que el ente regional revise y se replantee la orden denegatoria.

“Estamos ante un problema histórico. El Ayuntamiento de Fuengirola viene ejerciendo esta actividad en esta parcela, de forma totalmente legal. Pero los vecinos de las viviendas colindantes, que se han construido de forma posterior, se quejan habitualmente de los ruidos y los olores. La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a la petición del Ayuntamiento, y que está consensuada con el Consistorio vecino, y ha aplicado el mismo rasero para todos los casos, sin entrar en los detalles que tiene que ver con esta solicitud concreta. Desde el equipo de Gobierno entendemos que no se puede seguir una tabla rasa en todos los casos, ya que la modificación de elementos que planteábamos solucionaba este asunto”, manifestó.

Además, el titular municipal de Urbanismo mijeño apeló a la sensibilidad de los responsables de la Delegación de Ordenación del Territorio y les sugirió que “se acerquen a la ciudadanía, que vean por las personas que viven allí y comprueben si realmente es compatible esa actividad industrial, que es legal, con la residencial”.

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