El PP se une a las guarderías mijeñas en su lucha contra los recortes de la Junta
La parlamentaria, Esperanza Oña, y la concejal, Carmen Márquez, se manifiestan y exigen al ejecutivo andaluz que mantenga el actual modelo hasta que no se siente a negociar
Márquez reclama al gobierno socialista de la Junta que informen a los responsables de estos centros de las consecuencias y plazos de aplicación del nuevo decreto
Mijas, 28 de marzo de 2017. La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga, Esperanza Oña, y la concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mijas, Carmen Márquez, han estado hoy en la manifestación convocada por distintas asociaciones patronales de escuelas infantiles ante la delegación provincial de Educación de Málaga. Allí, han instado a la Junta de Andalucía a “mantener durante el próximo curso el actual modelo de guarderías en el tramo de 0 a 3 años, dando marcha atrás y suspendiendo la aprobación de un ‘decretazo’ que ha sido rechazado por todo el sector y que perjudica tanto a los centros como a las familias”.
Así lo ha destacado hoy Oña, advirtiendo que “el Gobierno andaluz debe convocar de manera urgente la mesa sectorial para proceder a la revisión y actualización de la actual normativa, que es claramente poco ambiciosa e insuficiente, pero debe consensuarla previamente con los agentes sociales implicados”, ha manifestado.
En este sentido, la parlamentaria andaluza ha informado de que “el Grupo Popular en el Parlamento andaluz defenderá en el próximo pleno una Proposición No de Ley (PNL) en la que exigimos la Administración andaluza que paralice la aprobación del nuevo decreto, al menos de cara al curso 2017/2018, hasta que no se siente a negociar”, alegando que “esta es la prepotencia de Susana Díaz, que tiene a mareas enteras manifestándose en la calle mientras se niega a consensuar”, ha criticado.
“El PP siempre ha estado del lado de las guarderías en la petición de un nuevo modelo que permita mejorar la calidad de la enseñanza, ya que la Junta incumple sistemáticamente el decreto vigente y tiene a los centros ahogados y secuestrados, manteniendo sin pagar ni revisar el IPC comprometido desde el año 2009 y sin abonar a los centros el aula matinal, así como las partidas compensatorias de 1.000 euros por el cierre durante el mes de agosto, que los centros deben abonar de su propio presupuesto”, ha explicado.
Oña, ha recalcado entonces que “el Grupo Popular utiliza la única PNL que puede llevar al próximo pleno para poner de manifiesto esta demanda social mientras que otros grupos políticos no lo han hecho, por lo que les pedimos el apoyo a nuestra iniciativa el próximo jueves”, ha subrayado.
Asimismo, ha cuestionado a la Junta “cómo pretende incrementar en 12.500 el número de plazas y mantener conciertos con unos 600 centros más sin aumentar la dotación presupuestaria”.
Precisamente, ha añadido, “en la PNL solicitamos que se eleven las dotaciones presupuestarias para el primer ciclo de Educación Infantil”, recordando que “actualmente muchos centros no pueden hacer frente a sus gastos por el incumplimiento reiterado en los pagos por parte de la Administración regional”.
Al respecto, ha advertido de que “este nuevo decreto podría suponer un recorte encubierto por parte del Gobierno andaluz”, indicando que “también exigimos, por tanto, que se garanticen los pagos en tiempo y forma, acabando con los retrasos e impagos sistemáticos que han venido sufriendo las escuelas infantiles en los últimos años”.
Apenas el 5% de las plazas ofertadas en la provincia son públicas
La representante popular ha reprochado que “Andalucía se encuentra a la cola en inversión por niño en esta etapa educativa”, indicando que “el precio establecido está por debajo de los 300 euros por pequeño al mes con comedor”.
De este modo, ha señalado que “mantienen el precio de la plaza congelado desde hace ocho años, acumulando deudas con las guarderías y ahora, además, pretenden introducir aspectos que chocan frontalmente con la conciliación, imponiendo una única fecha de escolarización, de manera que si una familia cambia sus circunstancias y requiere una plaza, no podrá hacerlo si está fuera de dicho plazo, teniendo que esperar incluso más de un año para poder acceder a la misma”, ha lamentado.
Asimismo, Oña ha recordado que “ante un escenario en el que únicamente el 4,7% de las plazas de la provincia son del Gobierno andaluz y por encima del 53% pertenecen a centros privados-concertados, la Junta debe, en primer lugar, cumplir el decreto y ponerse al día de pago y, en segundo lugar, consensuar las modificaciones para construir entre todos un modelo mejor”, ha concluido.
Por último, Carmen Márquez se quejó de la falta de información y consideración con la que el gobierno de Susana Díaz ha tratado a la comunidad educativa en este asunto. En el caso de Mijas, como recordó, este cambio normativo afectaría a más de 1.000 familias de las nueve guarderías en las que rigen esta clase de ayudas económicas, entre ellas las municipales de Gloria Fuertes, Europa y El Limonar.