El PP pide informes legales que avalen que el Ayuntamiento tenga que afrontar el 20% del coste de la liquidación de CIOMijas

Por eso, ha pedido a los habilitados nacionales que informen sobre las obligaciones legales del Ayuntamiento en el Consorcio, ya que sospecha que el acuerdo de constitución puede ser lesivo

El dinero que pide la Junta no serviría ni para garantizar la reapertura del centro ni para pagar a los seis trabajadores que aún continúan empleados por el Consorcio

 

Mijas, 21 de enero de 2016.- El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Mijas ha registrado hoy una petición dirigida a los habilitados nacionales del Consistorio a fin de que éstos informen de la conveniencia de afrontar el pago del 20% de la liquidación del Consorcio CIOMijas, al que el ente local pertenece en ese mismo porcentaje. Y es que existen dudas en el seno de la formación política sobre si pudiera haber lesividad en el acuerdo de Constitución de esta institución, que ha dirigido este centro formativo hostelero.

 

“El Ayuntamiento cedió, en su momento, los terrenos para que la Junta construyera el CIO y a cambio le ofreció entrar en el Consorcio de forma testimonial o pasiva al 20%. Sin embargo, entendemos que la Junta y el CIO no daban nada a cambio a Mijas y ahora nos obligan a pagar más de 100.000 euros para empezar con la liquidación, que no a pagar lo que se les debe a los seis trabajadores que aún quedan allí. Creemos que pueda haber lesividad en ese acuerdo y así lo hemos preguntado ya a quienes mejor nos pueden aclarar esas dudas”, expuso el presidente de la formación, Ángel Nozal.

 

En este sentido, para los populares no es tampoco razonable que si la Junta es la que quiere disolver y liquidar el Consorcio, el Ayuntamiento –que cuenta con tan sólo un 20% de decisión- sea el que tenga de adelantar dinero a futuro sin ningún tipo de garantía de que se reanude la actividad formativa de la institución ni que se pague la deuda que el mismo mantiene con sus seis trabajadores (diecisiete nóminas), que ocupan tareas administrativas.

 

Por ende, el deseo del Grupo Municipal Popular mijeño es que vuelva a reanudarse la actividad en estas instalaciones, “de las que tantos profesionales del sector turístico han salido a lo largo de su andadura”, aunque sin comprometer el dinero de todos los vecinos del municipio “por una decisión que ha tomado unilateralmente la Junta de Andalucía por su incompetencia a la hora de gestionarlo de forma eficiente”.

 

En este punto,  Nozal considera que el interés general de los mijeños debe prevalecer en este caso, por lo que la petición del informe sólo pretende “asegurar, primero, que existe una obligación legal por la que haya que hacerlo, y segundo, que adelantar esta cantidad de dinero que nos pide la Junta será para algo que beneficie a todo el municipio”.